A largo plazo, mirando hacia 2050, España podría aspirar a entrar en el top 6 industrial de la UE, cerca de potencias como Polonia, Eslovaquia, Chequia, Eslovenia o Irlanda, alcanzando un peso de hasta más de 400.000 millones de euros (25% del VAB): casi el triple que en la actualidad.

¿Y cómo lograrlo? Aprovechando la oportunidad única que brinda su recurso renovable (España tiene capacidad de producir una electricidad un 20-30% más barata que Europa), su disponibilidad de espacio y su ubicación estratégica en el continente.

Así lo concluyeron los expertos en energía y geopolítica reunidos este miércoles en Santander durante la jornada Hacia la autonomía estratégica: reindustrialización, energía y seguridad en un contexto convulso, celebrada en el marco del curso organizado por EDP y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

“La competitividad industrial marca el camino de esta legislatura europea. Y las inversiones en redes eléctricas, la modernización de la regulación y las políticas activas para acompañar a la industria son críticas en esta reindustrialización”, explicó Marian Serrano, presidenta de Aelec.

Y es que la desindustrialización ha sacudido a toda la Unión Europea en las últimas décadas y España ha recibido uno de los peores golpes.

Entre 2000 y 2023, el peso de su industria española cayó 5 puntos porcentuales, hasta representar solo el 16% del VAB, según el análisis de Deloitte. En contraste, países con fuerte tradición industrial como Alemania (24%) e Italia (20%) han sufrido descensos mucho más moderados, de apenas 0,7 y 3,3 puntos, respectivamente-.

Los obstáculos

Una de las principales barreras para avanzar hacia la reindustrialización es la falta de coordinación entre la política industrial y la energética. A finales de 2024, la industria había solicitado 18,6 gigavatios (GW) de acceso y conexión a la red eléctrica, pero sólo se concedieron menos de 2 GW, evidenciando un grave cuello de botella.

Otro obstáculo clave es el elevado precio de la electricidad final. A pesar de que España cuenta con un coste energético competitivo, la industria paga más que en otros países europeos debido a una mayor carga fiscal, cargos regulados y una menor compensación por emisiones de CO2.

A ello se suma la insuficiente capacidad de la red eléctrica, que no está preparada para asumir el crecimiento de la demanda industrial.

España presenta un bajo nivel de interconexión y unas inversiones en redes por debajo de la media europea, lo que limita la electrificación.

Además, muchas industrias aún dependen de tecnologías intensivas en combustibles fósiles y necesitan grandes inversiones para electrificar sus procesos. Sin embargo, no siempre cuentan con el acompañamiento financiero y técnico necesario.

Por último, el marco regulatorio y administrativo sigue siendo complejo y lento. La tramitación de accesos a red, autoconsumo o nuevas instalaciones eléctricas puede tardar entre 18 y 24 meses, generando incertidumbre y retrasando decisiones clave de inversión.

Propuestas

Para abordar estos retos, el análisis de Deloitte destaca la necesidad de reforzar la cadena de valor local y europea, establecer un marco regulatorio estable y facilitar la inversión en electrificación con ayudas y ventajas fiscales, especialmente en sectores aún no rentables.

También propone reducir el precio final de la electricidad mediante la revisión de cargos e impuestos y ampliar los mecanismos de compensación por CO2.

Además, urge modernizar la red eléctrica con mayor planificación, incentivos a la inversión y agilidad administrativa; integrar almacenamiento energético a gran escala; y formar talento cualificado para cubrir la demanda de la nueva industria.

Con estas medidas, Deloitte señala que España puede posicionarse como un polo industrial clave en Europa en la próxima década.

El curso de EDP, en el que se analizó el panorama energético también contó con una ponencia del coronel Ignacio Fuente Cobo, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa), centrada en la dimensión geopolítica de la energía y su papel como vector de seguridad estratégica en el nuevo contexto europeo.

Asimismo, tuvo lugar un diálogo institucional sobre el papel de España ante los retos geopolíticos y la necesidad de una reindustrialización estratégica, con la participación de Gonzalo Escribano, investigador principal y director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto Elcano, y Vicente Garrido, director de la Cátedra de Seguridad y Defensa “Francisco Villamartín” de la Universidad Rey Juan Carlos.

También se celebró una mesa de debate sobre la contribución del sector energético a una economía más competitiva y sostenible. En ella participaron Marina Serrano; Gema Díaz Real, expresidenta de SNIACE; Rosa Vega Salán, directora general de la Cámara de Comercio de Cantabria; y Javier Quintana, Research Economist en el Banco de España.

Durante la mesa, se puso de relieve la necesidad de acelerar las inversiones en infraestructura eléctrica para atender a la demanda, reformar los marcos retributivos y fomentar la colaboración público-privada para maximizar el impacto económico y social de la transición energética.

El evento concluyó con la intervención del presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde.

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FUENTE: El Español